PREPAREMONOS PARA DESLEGITIMAR EL REGIMEN HACIENDO USO DE LA CONSTITUCION.

La tragedia que vivimos amerita que el país nacional articule una estrategia cooperadora, en vista de que todos afrontamos un problema estratégico común: la reforma totalitaria.
Se acercan momentos de grandes decisiones políticas que tendrán impacto mediato e inmediato, todas ellas deberían estar sustentadas en el sentir nacional. El objetivo, en consecuencia, de una oposición que se desprenda de sus intereses o estrategias individuales, se comprende en una que las sustituya por una conjunta.
Todas las encuestas reconocidas para la semana pasada señalan que la abstención está creciendo, y al mismo tiempo la gestión del gobierno va en caída libre, aunque la popularidad de Chávez se mantiene alta.
Los partidos políticos aparecen en baja puntuación. Sin embargo, AD aparece en el primer lugar como partido de oposición con 4.8%, seguido de UNT con 3.7%, PJ con 3.1%, COPEI con 1% y otros con 0.
UNT, PJ, COPEI, MAS, entre otros, propugnan la participación electoral, partiendo de que votar es un derecho al cual no se puede renunciar y que las encuestas le dan posibilidades de triunfo al NO. ¿Mecanismos para garantizar la soberanía popular? La experiencia del 3D del 06, demostró que no existen.
Un sector del movimiento estudiantil, en medio de la manifestación de la semana pasada, a la cual asistimos, por solidaridad, propuso,- lo que no compartimos-, que se posponga el Referéndum.
El CNR y otros sectores plantean la tesis del Derecho de Rebelión.
AD, Bandera Roja, entre otros, en búsqueda de la unidad, coinciden en que es necesario enfrentar y parar la reforma en la calle, más allá del proceso electoral.
El FP lanza la tesis del vacío electoral mediante la abstención activa, patriótica y constitucional, sin desestimar ninguna de las opciones planteadas por AD, FP, CNR, BR, hay coincidencia en las más de las veces.
Si en el fondo toda, ­- supongo que es así-, la oposición coincide en enfrentar el autoritarismo militarista chavista, ¿porqué no desarrollar una estrategia conjunta para derrotarlo?
La propuesta es calle, movilización y organización, prepararnos para deslegitimar el régimen autocrático y militarista, haciendo uso de los derechos que contempla la Constitución.
No le hagamos el juego electoral a un régimen que como dice el Episcopado Venezolano, quiere imponer una Reforma “moralmente inaceptable” por sus propósitos y procedimientos.
Es más fácil para el Régimen de Chávez robar votos en medio de una alta participación, que fabricarlos ante una altísima abstención política y patriótica.
Alberto Carnevali señaló en 1952: A la rebelión civil llama Acción Democrática, “…la vasta empresa de la recuperación de la soberanía no corresponde a un sólo partido sino a todos… Porque el patriótico reclamo nacional está concebido en otra forma inexorable: si no combatimos ahora hasta triunfar, el pueblo será esclavizado ignominiosamente por tiempo indefinido”. Estrategia que sigue vigente hoy día.

(Articulo publicado el 30 de octubre 2007. El Nuevo Pais. Columna Avanzada).

William.davila@gmail.com; http://williamdavila.blogspot.com

RESUMEN: Es un falso dilema de la sociedad democrática, la opción entre votar o no votar en el referendo convocado para aprobar la reforma constitucional. La abstención tiene un significado muy diferente en Derecho Constituyente que en Derecho Constituido. La reforma constitucional no puede ser aprobada legítimamente por una minoría del cuerpo social, y el artículo 345 de la Constitución resulta inaplicable al actual proceso constituyente. La imposición de la Reforma Constitucional constituye un Golpe de Estado ejecutado por el Gobierno.

I.-El Derecho Constituyente
A. Cuestión previa
Se conoce en doctrina por Derecho Constituyente al conjunto de principios políticos que rodean el ejercicio del Poder Constituyente, el cual es soberano, revolucionario, independiente, prejurídico, autónomo, y no tiene ningún vínculo con el Derecho Constituido, ya sea constitucional o legal. La Constitución vigente creada por el Poder Constituyente no puede condicionar ni regular su ejercicio, pues por encima del Poder Constituyente hay un nada jurídico. Por ello, se entiende al Poder Constituyente como el poder soberano del pueblo de dictar y aprobar una nueva Constitución, y al referendo constituyente como el acto constituyente mediante el cual se puede manifestar, expresar y ejercer el Poder Constituyente, si en un momento dado existen las condiciones políticas para ello.
Para facilitar la comprensión cabal del tema, hay que entender conceptualmente, que conforme a la Teoría del Poder Constituyente tanto nacional como de derecho comparado, se trata de un poder ilimitado, que carece de reglas porque es él quien hace las reglas de juego constitucionales de la sociedad. Por lo que no es posible invocar para su control ninguna norma previa, lo que hace al Poder Constituyente un poder político y al Poder de Reforma o Revisión un poder jurídico. Ya lo decía Luís Recasens Siches hace mucho tiempo: “El Poder Constituyente no se halla restringido por ninguna autoridad jurídica humana”. No debe existir, entonces, confusión entre Poder Constituyente que es absoluto y originario, y el Poder de Reforma o Revisión, que es limitado y derivado. Y ya está definitivamente aceptado por la doctrina moderna venezolana y extranjera, que el Poder Constituyente Originario puede irrumpir, aparecer y despertar en cualquier momento. Por ello los procesos constituyentes, como el que se pretende activar en Venezuela por iniciativa del Gobierno, están fuera por su propia naturaleza de la legalidad y consisten en procesos eminentemente políticos. (Castillo Vegas, Jesús Luís. “El Poder Constituyente y sus Condiciones de Legitimación en la Sociedad Actual”. Revista Tachirense de Derecho Nº 10/1998).
B. Planteamiento
Dentro de este contexto, el gran problema que se le plantea a la sociedad democrática venezolana, es el de las posibles consecuencias y repercusiones, que puede acarrear la abstención en el referendo convocado para aprobar el proyecto de reforma constitucional en trámite. En primer lugar, se tiene fresco el recuerdo de lo sucedido con el retiro de la oposición democrática y la abstención masiva del pueblo en las últimas elecciones de los integrantes de la Asamblea Nacional, donde el cuerpo legislativo quedó integrado únicamente por los diputados del gobierno, elegidos con el voto muy minoritario del cuerpo electoral.

En segundo lugar, el artículo 345 de la Constitución establece que: “se declarará aprobada la reforma constitucional si el número de votos afirmativos es superior al número de votos negativos”; de tal manera, que pareciera a primera vista, que si se repite el fenómeno de la abstención, se corre el riesgo que la nueva Constitución pueda ser aprobada con el voto de una minoría de los venezolanos.
Esta situación se agrava, pues como es de todos conocido, y ha sido denunciado por eminente juristas venezolanos, la propuesta de reforma constitucional no es tal; ya que no se trata de una revisión parcial de la Constitución, como ocurre con todas las reformas constitucionales adelantadas por el poder de revisión en cualquier sistema constitucional, ni la misma tiene por objetivo la modificación solamente de normas formales y operativas de rango constitucional, relativas al funcionamiento, organización y competencias del poder público. Sino que se está utilizando el procedimiento de reforma y revisión constitucional de manera fraudulenta, para camuflar y disimular una modificación trascendental de la Constitución. Que tiene por objetivo cambiar normas fundamentales y realizar una transformación radical del Estado, que conlleva la modificación de la estructura y de los principios fundamentales del texto constitucional; como por ejemplo se quiere hacer con el derecho de propiedad, al vaciarlo de contenido y reducirlo a su mínima expresión. Mediante este ardid se pretende invocar, aplicar y utilizar el artículo 345 de la Constitución, que establece un mecanismo de mayoría simple o relativa en la toma de decisiones, en relación al número de votos obtenidos, para vincular y manipular el Poder Constituyente soberano del pueblo, con la intención de confundirlo todo, embrollarlo todo y trampear todo.
C.-Aspectos a tomar en cuenta
Pero las cosas en Derecho Constituyente no son tan sencillas, ni los órganos del Poder Constituido tienen las manos libres para hacer lo que les venga en gana, ni el control del Poder Constituido da un acceso automático al Poder Constituyente. Recordemos que una cosa es el Derecho Constituido cuya mayor expresión es la Constitución como norma suprema reguladora del poder público; y otra, muy distinta, es el llamado Derecho Constituyente que tiene sus principios propios y diferentes, así como una lógica y práctica política autónoma. Recordemos también, que el Poder Constituyente del pueblo es soberano, tal y como se reconoce expresamente en los artículos 5 y 347 de la Constitución; y por lo tanto, es un poder político autónomo separado del derecho constitucional y legal. Es decir, el ejercicio del Poder Constituyente está fuera de cualquier control jurídico establecido en el derecho constituido, y ninguna norma de derecho positivo aún siendo constitucional, como la del mencionado artículo 345, puede establecer reglas para determinar la manera de ejercerlo, ni vincularlo, ni señalar las consecuencias de su ejercicio, sin entrar en una grave tensión y colisión política con los artículos 5 y 347 mencionados.
Además, ninguna autoridad constituida, llámese Presidente de la República, Tribunal Supremo de Justicia, Consejo Nacional Electoral, o la misma Asamblea Nacional, aún actuando como órgano del poder de revisión o reforma constitucional, o como Poder Constituyente derivado o instituido como también se le conoce, puede vincular, condicionar o atar al Poder Constituyente, pues de lo contrario incurriría en una usurpación del Poder Constituyente del pueblo y quedaría fehacientemente demostrado, que en lugar de expresar la voluntad del pueblo expresan su propia y única voluntad. Pero, si así ocurriera, el Poder Constituyente dejaría de ser un poder soberano, y se le reconocería al artículo 345 que regula un poder constituido como es el órgano de reforma y revisión constitucional, la capacidad de suspender la soberanía del pueblo; el carácter, sin tenerlo, de una cláusula de intangibilidad constitucional; y una preponderancia y un rango superior a los artículos 5 y 347 mencionados que establecen y reconocen la soberanía inalienable del pueblo. Olvidando que la soberanía constituyente no se delega ni se puede ceder, ni está sometida a ninguna norma jurídica o constitucional; mas bien la soberanía del pueblo reconocida en los artículos 5 y 347, constituye un límite a la aplicación del artículo 345 de la Constitución y al poder de reforma y revisión.
LA CONFISCACIÓN DEL PODER
II.- Inaplicabilidad del artículo 345 de la Constitución
Cualquier norma constitucional o de derecho positivo, que pretenda establecer obligatoriamente un régimen jurídico al Poder Constituyente, y someterlo a formas jurídicas determinadas, como por ejemplo la mencionada norma contenida en el artículo 345 de la Constitución, es inaplicable en esas condiciones.
Esa norma como cualquiera otra que regule el llamado poder de revisión o reforma constitucional, previsto normalmente en las Constituciones como Poder Constituido, solo sería aplicable si el Poder Constituyente así lo decide soberanamente. Si no lo hace, ningún órgano del Poder Constituido puede imponer su ejercicio, ni obligar al Poder Constituyente a someterse al artículo 345 mencionado; mas aún, el artículo 349 de la Constitución lo reconoce expresamente, al señalar que “los poderes constituidos no podrán en forma alguna impedir las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente”, es decir, del Poder Constituyente, que en ese caso adopta la forma de Asamblea Constituyente para expresarse. Esta situación la entendió tempranamente la jurisprudencia venezolana de la Corte Suprema de Justicia, en la histórica y fundamental decisión “La Roche” del 19 de enero de 1999, que inició el desarrollo democrático del Derecho Constituyente en nuestro sistema político. Y que al reconocer la radical diferencia entre Poder Constituido y Poder Constituyente, ubicó a este último en su naturaleza soberana y autónoma, lo que obliga necesariamente a un gran consenso político para activarlo.
El poder de revisión y reforma constitucional es creado por la Constitución, y es por lo tanto, un poder constituido que consiste en una auto-limitación del Poder Constituyente, que se establece con fines prácticos, para facilitar reformas formales y puntuales al texto constitucional. Pero nunca la revisión constitucional puede transformarse en una instancia de control y superior al Poder Constituyente, como se pretende hacer creer ahora. En el sistema constitucional venezolano, además, el procedimiento de revisión establece la aprobación definitiva de la reforma mediante Referendo, como acto de ratificación de la reforma constitucional. Lo que lo aparta del sistema normal y tradicional de la revisión constitucional, existente en el derecho comparado, donde los órganos reformadores de la Constitución habilitados por la propia Constitución para ello son los que aprueban definitivamente la reforma constitucional. En nuestro sistema se convoca y se activa el Poder Constituyente del pueblo aún en caso de reforma y revisión constitucional, y eso hace que el régimen constitucional de la reforma constitucional se conecte directamente con la soberanía del pueblo y ceda ante el Poder Constituyente, conjuntamente con el artículo 345 que resulta en consecuencia inaplicable. De tal manera que, la reforma y revisión constitucional son proyectadas por la exigencia de Referendo hacia el Poder Constituyente, y se le da entrada en el proceso de reforma al poder soberano del pueblo, teniendo que ceder ante un poder que actúa autónomamente. Todo lo cual tiene mucho sentido, porque el acto de referendo es fundamentalmente un acto de control que tiene el pueblo soberano sobre los actos de sus representantes.
El gran obstáculo al ejercicio del poder de reforma constitucional en nuestro sistema, lo constituye precisamente el llamado a Referendo, como instrumento político de control, para que se manifieste el Poder Constituyente del pueblo. Lo que inmediatamente activa y somete ese Referendo al derecho constituyente y se desaplica necesariamente el mencionado artículo 345, para evitar una grave colisión política del Poder de Reforma constitucional con el Poder Constituyente del pueblo, como ocurre en el presente caso. Por ello, una de las cosas más complejas es la configuración del Poder Constituyente, pues se trata de un proceso eminentemente político, de oportunidad política, no sujeto a ninguna regla jurídica.
La dificultad se plantea en cómo lograr la reunión del pueblo soberano, para que ejerza la prerrogativa inalienable del Poder Constituyente; es decir, cómo hacer para que se configure el Poder Constituyente y se pueda ejercer. La doctrina de derecho constituyente comparado, observa que normalmente se presentan tres momentos o fases: (i) la iniciativa de convocatoria, como lo reconoce expresamente la Constitución venezolana en los artículos 341, 342 y 348. Que consiste en citar o llamar al pueblo a concurrir a la configuración del Poder Constituyente; lo cual no significa que el pueblo debe reunirse o aceptar la convocatoria de manera obligada. (ii) la configuración, para dar una forma al Poder Constituyente; como por ejemplo mediante una Asamblea Constituyente; y (iii) el ejercicio del Poder Constituyente, mediante el voto de la Asamblea Constituyente o de la Asamblea de Revisión, o mediante Referendo, o ambas manifestaciones como es el caso venezolano. Pero con la práctica moderna de la democracia directa, el Referendo Constituyente reúne los tres momentos en el mismo acto del Referendo; por ello, la no participación en el Referendo o el voto negativo, tienen el mismo efecto de rechazar de plano la iniciativa de convocatoria, la configuración y el ejercicio del Poder Constituyente; así como el proyecto de la nueva Constitución.
Con el constitucionalismo moderno que surge después de la II Guerra y que se funda en los derechos fundamentales del hombre y del ciudadano, apareció y se desarrolló en las sociedades democráticas el llamado Derecho Constituyente Racionalizado; que se reconoce únicamente en el desarrollo progresivo de los derechos fundamentales y como un proceso genuinamente político de respeto a la libertad y la soberanía del pueblo. Con el fin de impedir la reproducción en la vida política europea, de los procesos constituyentes “salvajes” o “seudos constituyentes”, en los cuales la creación y reforma de la Constitución fue dirigida por los órganos del poder constituido, situación que condujo al fascismo, la dictadura y la guerra.
Si se impone y aplica el artículo 345 por encima del Poder Constituyente, como se pretende hacer ahora, se usurpa el Poder Constituyente del pueblo por los órganos del poder de reforma constitucional y se desencadena un proceso constituyente “salvaje”. Lo que permitiría hacer reformas constitucionales periódicas, todos los años por ejemplo, hasta destruir completamente la Constitución de 1999. Repitiéndose el fenómeno bien conocido de como un sistema constitucional puede servir de base para su propia destrucción, como ha ocurrido históricamente con los regímenes autoritarios y las dictaduras de izquierda y de derecha.
III.- La Abstención en Derecho Constituyente
El Poder Constituyente es un fenómeno político que únicamente aparece, se configura y surge de la realidad política, cuando existe un gran acuerdo mayoritario del cuerpo social, que quiere y decide darse una nueva Constitución. Al ser el Poder Constituyente un hecho político, el contenido del derecho constituyente es estrictamente político y no jurídico como ocurre con el derecho constituido. Rousseau reclamaba la unanimidad política del cuerpo social, como condición fundamental del ejercicio del Poder Constituyente, pero desde Locke se impuso el concepto de la mayoría legítima como regla de decisión en el juego de la democracia. La mayoría constituye un principio de legitimidad democrática, según el cual, la decisión tomada por la parte mas numerosa del cuerpo social vale como decisión de todo el cuerpo social. Sin embargo, el sólo efecto del número no es suficiente para establecer el valor de la decisión mayoritaria, pues si el principio de la decisión mayoritaria obliga, el fundamento del principio es convencional y debe ser libremente aceptada por todos los integrantes del cuerpo social. Por ello, el contenido y todo lo que rodea al Poder Constituyente es político, democrático y libre; y se requiere entonces, de previos acuerdos mayoritarios de naturaleza política, libremente expresados, para que el cuerpo social apruebe y se dote de una nueva Constitución.
Si no hay tales acuerdos, entonces el cuerpo social no puede ejercer el Poder Constituyente; y resulta una manipulación y un fraude al Poder Constituyente del pueblo, que los órganos del poder constituido pretendan activarlo forzosamente e imponer reglas a su ejercicio, generando una violación flagrante de la democracia. Precisamente el fraude constituyente en curso, consiste en obviar el fundamental principio de la mayoría legítima, que es una condición básica de legitimidad democrática para la expresión del Poder Constituyente, para pretender aplicar el principio de la mayoría simple o relativa previsto en el artículo 345. El acuerdo político para activar el Poder Constituyente debe ser ampliamente mayoritario, no solo del cuerpo electoral constituido sino de la sociedad toda, para que tenga legitimidad constituyente. Hasta dónde llega esa mayoría, cómo se configura y cómo se organiza como electorado es un problema político mayor, que se debe resolver en el momento constituyente, por consenso y con acuerdos políticos amplios.
El problema de la abstención tiene entonces un significado radicalmente diferente en Derecho Constituido que en Derecho Constituyente. La abstención en Derecho Constitucional o en derecho positivo, es el fenómeno de la no participación en la votación, que trae normalmente como consecuencia que la decisión se deja en las manos de los que van a votar, porque los que votan y los que no, forman parte del cuerpo electoral del poder constituido, y como actitud tiene un sentido de neutralidad y de no intervención. Mientras que en Derecho Constituyente, la abstención es un fenómeno que significa que no se participa en el momento político ni en la decisión constituyente, ya que no se forma parte de esa decisión, ni del cuerpo electoral convocado y se rechaza políticamente la convocatoria del Poder Constituyente. Es decir, la abstención en derecho constituyente no es una abstención propiamente dicha como se entiende en derecho constituido, sino que es y debe entenderse como una actitud de rechazo y de no participación en la iniciativa política que pretende activar forzosamente el Poder Constituyente, y en la no participación en el acto constituyente mismo.
La participación en el ejercicio del Poder Constituyente, por el contrario, es voluntaria y debe darse mediante un libre consentimiento. Si se interpreta la no participación en el referendo como una abstención común y corriente, se viola la libertad de participación política reconocida también en la Constitución en el artículo 62 y el libre consentimiento, pues se presupone falsamente que hay una aceptación tácita de la decisión sometida a referendo, por las consecuencias que a primera vista señala el artículo 345. La no participación y abstención en el referendo, constituye, en derecho constituyente un doble no; uno, el rechazo al texto de la nueva constitución; y otro, el rechazo a la convocatoria, a las condiciones, al procedimiento y a la forma como se ha querido manipular el Poder Constituyente soberano del pueblo.
Constituye un falso dilema de la sociedad democrática que se opone a la reforma constitucional, el de votar o no votar. Pues ambas posturas conducen al mismo resultado de no participar en la aprobación de la reforma, y las consecuencias en derecho constituyente son las mismas: en ambos casos se rechaza la reforma constitucional. El problema de la aprobación de la reforma se traslada entonces al Gobierno, y su solución le concierne fundamentalmente a sus promotores, que deben, necesaria e inexcusablemente, respetar las condiciones de legitimación del Poder Constituyente y entre ellas justificar una legítima mayoría política del cuerpo social, para que la reforma sea aprobada legítimamente en democracia; sin que puedan invocar ni aplicar el artículo 345 de la Constitución, para justificar la aprobación de la reforma por una mayoría simple o relativa.
Dicho de otro modo, la aprobación de la reforma constitucional es un serio y dramático problema de legitimidad democrática para el Gobierno, ya que no puede entubarla ni hacerla aprobar por el mecanismo de mayoría simple o relativa establecido en el artículo 345 de la Constitución, que como cualquier mecanismo de derecho constituido, es utilizable y aplicable solo cuando así lo decide autónoma y previamente el Poder Constituyente. Llamar a votar al pueblo bajo amenaza o llamar a votar por miedo, presentando la abstención como delictuosa y esgrimiendo como argumento su posible aprobación por una mayoría simple o relativa según lo previsto en el artículo 345 de la Constitución, constituye una flagrante violación de la manifestación del libre consentimiento en democracia y de la soberanía del Poder Constituyente del pueblo venezolano, que son condiciones inexcusables de legitimación del Poder Constituyente. Por lo que resulta claro, que el Gobierno tiene un delicado y grave problema político de legitimidad democrática con el referendo aprobatorio de la reforma constitucional, ya que debe lograr conformar una amplia mayoría absoluta del pueblo venezolano para que la nueva Constitución resulte aprobada legítimamente y reconocida como tal, por la opinión pública mayoritaria de los venezolanos.
Además, en Derecho Constituyente, el Gobierno, el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Supremo de Justicia, ni ninguna autoridad constituida, le pueden imponer al Poder Constituyente, que a través de ellos y de los procedimientos electorales previstos en la ley, se produzca la manifestación de voluntad del Poder Constituyente so pena de usurpar el Poder Constituyente del pueblo; debido a que el sistema electoral vigente es un instrumento de derecho constituido, que solo se puede trasladar como tal para su uso en el proceso constituyente, si hay una voluntad expresa y ampliamente mayoritaria del Poder Constituyente.
El Presidente de la Republica, al andar por ese camino del fraude constituyente, pretende no solo continuar manipulando políticamente los órganos del Poder Constituido, sino que además, con la imposición arbitraria y el uso inapropiado y malsano del artículo 345 de la Constitución, pretende peligrosamente y es lo mas grave, manipular igualmente al Poder Constituyente del pueblo, desconocer los postulados básicos de la decisión “La Roche”, y atentar radicalmente contra la democracia venezolana. Se trata de un intento por parte de un órgano del poder constituido, como señala la doctrina, de “domesticar” el Poder Constituyente y de metamorfosearlo en poder constituido. Por lo tanto, la no participación del pueblo en ese referendo, no significa la aprobación tácita de la nueva Constitución, como lo sugiere la primera lectura del artículo 345 mencionado; sino que la no participación del pueblo en el referendo convocado, constituye el ejercicio y la afirmación de un principio democrático, inalienable e inherente al poder soberano y constituyente que le pertenece al pueblo, de manifestar su rechazo, desacuerdo y no participación en el proceso de activación política del Poder Constituyente, que promueve el Presidente de la República con un sector minoritario del cuerpo social.
Y también, la no participación del pueblo en ese Referendo, constituye el último refugio y oportunidad política que le queda al pueblo, para en democracia oponerse pacíficamente al autoritarismo y rechazar la dictadura que se le viene encima. Cuando a todas luces, el poder constituido está armado hasta los dientes y bajo el control férreo del Poder Ejecutivo, y no existen ni funcionan los estándares normales de la democracia y de la libertad de expresión, ni las condiciones para el debate electoral libre, ni las autoridades electorales son confiables, ni trasparentes los procedimientos para el sufragio electoral. Por lo tanto, la no participación del pueblo y su consiguiente rechazo a la reforma constitucional se debe también, a que no existen las condiciones políticas y democráticas reconocidas por la doctrina universal de derecho comparado, para trasladar al ejercicio del Poder Constituyente el sistema electoral existente en el derecho constituido. Una prueba evidente de ello, lo constituye el notorio y alevoso cierre del canal de televisión “R.C.T.V.”, antes de la iniciativa de reforma constitucional, para premeditadamente impedirle y quitarle a la sociedad democrática un medio abierto y nacional de expresión, y eliminar radicalmente las posibilidades de un debate electoral libre y equilibrado con el Gobierno, que dispone de una masa de medios televisivos a su disposición.
En este contexto, el votar no y la no participación en el referendo están indisolublemente unidos como decisión política de rechazo a la reforma constitucional, y tienen idénticas consecuencias en Derecho Constituyente. Puesto que, imponer la aprobación de la nueva Constitución con el artificio de una minoría simple y relativa, y haciendo uso del sistema electoral del Gobierno, significa el fin y la muerte de la democracia y el comienzo de la dictadura. Y es un espejismo creer que la democracia existirá luego de un referendo aprobado bajo tales condiciones.
IV.-Hacia el Golpe de Estado y la Dictadura
Es comúnmente reconocido como Golpe de Estado, el intento de mantenerse en el poder violentando los procedimientos constitucionales y constituyentes, como ocurre en las actuales circunstancias. La práctica del poder de los actuales gobernantes, promotores del fraudulento cambio constitucional, constituye lo que el Presidente Francés François Mitterrand llamó “el golpe de estado permanente”. La pretensión del actual Gobierno venezolano de confiscar el Poder Constituyente del pueblo, mediante un sistemático abuso de poder, confirman lo acertado de las observaciones del ex-Presidente Socialista.
Si la nueva Constitución no recibe el apoyo mayoritario, libre y democrático de la sociedad y el cuerpo social, y a pesar de ello, se le impone a los venezolanos, aún con una decisión del Tribunal Supremo de Justicia, entonces se rompe el hilo constitucional y se está formalizando el Golpe de Estado ejecutado por el Gobierno, y se declara terminado el proceso democrático. En esta materia se debe ser responsable como cuando el médico le dice al paciente que tiene cáncer, o a la parturienta que su hijo nació muerto. Aprobar la nueva Constitución mediante el artificio del artículo 345 y con la manipulación del sistema electoral, constituye un quebrantamiento del estado constitucional y un Golpe de Estado ejecutado por el Gobierno, y con ello se concreta de manera formal el fin de nuestra casi cincuentenaria democracia. Y se acaba definitivamente con la democracia formal y de fachada, a la que se ha reducido nuestras instituciones constitucionales, y donde se ha podido esconder hasta ahora una inquietante realidad autoritaria. Con la advertencia que al día siguiente ya no tendremos un legítimo Presidente constitucional sino un Dictador. Entonces, la Dictadura impondrá su legalidad autoritaria y los actores políticos tendrán que escoger entre acogerse a ella, o pasar a la clandestinidad, como ocurrió durante la Dictadura del General Pérez Jiménez.
Este problema de la confiscación del Poder Constituyente por el poder constituido, además de ser el procedimiento preferido para instalar dictaduras y derrumbar las democracias, es tan viejo como el propio concepto de Poder Constituyente. El propio Sieyés calló en esa trampa, al rechazar su ejercicio directo por el pueblo. Luego, la historia comparada del derecho constituyente, reseña la tensión política permanente entre el poder de reforma y revisión constitucional previsto en la Constitución habilitado para dictar leyes constitucionales, y el Poder Constituyente originario del pueblo; y del intento de silenciar y de juridificar el Poder Constituyente y de convertirlo en poder de reforma. Pero en este caso es peor que en cualquier otro, porque el conflicto del poder de reforma y revisión constitucional con el Poder Constituyente del pueblo, no resulta del trámite político normal de la vida republicana y democrática y del Estado de Derecho, sino de un fraude constituyente y a la Democracia.


Referencias Bibliográficas:

-Beaud, Olivier. La Puissance de L’Etat. PUF. 1994. Paris.
-Castillo Vegas, Jesús Luís. El Poder Constituyente y sus Condiciones de Legitimación en la Sociedad Actual. Revista Tachirense de Derecho Nº 10/1998.
-Chagnollaud, Dominique. Droit Constitutionnel Contemporain. Armand Colin. 2003. Paris.
-De Vega, Pedro. La Reforma Constitucional y la Problemática del Poder Constituyente. Tecnos. 1999. Madrid.
-Duhamel, Olivier – Mény, Yves. Dictionnaire Constitutionnel. PUF. 1992. Paris.
-Klein, Claude. Théorie et Pratique du Pouvoir Constituant. PUF.1996. Paris.
-Le Pillouer, Arnaud. Les Pouvoirs non-constituants des Assemblées Constituantes. Dalloz. 2005. Paris.
-Turpin, Dominique. Le Régime Parlementaire. Dalloz. 1997. Paris.

DECLARACION DE LAS ACADEMIAS NACIONALES

La Academia Venezolana de la Lengua, correspondiente de la Real Academia Española; la Academia Nacional de la Historia; la Academia Nacional de Medicina; la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales; la Academia Nacional de Ciencias Económicas y la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat, en su condición de organizaciones representativas del pensamiento crítico y objetivo de la sociedad venezolana, consideran un deber dar su opinión en torno al cambio constitucional que ha sido propuesto por el Presidente de la República, a la situación que se ha creado con tal motivo y a las consecuencias que se podrían derivar de la falta de un consenso sobre el pacto social que debe unir a los ciudadanos.
Las Academias Nacionales ven con gran preocupación que se pretenda llevar a cabo un cambio constitucional de enorme trascendencia por la vía de la reforma, mecanismo que no es idóneo para realizar ese cambio. El camino legítimo para abordar una modificación limitada de la estructura y de los principios fundamentales de la Constitución - y no de la dimensión propuesta por el Presidente de la República - es la convocatoria de una asamblea nacional constituyente. De lo contrario, se configura un fraude constitucional. Este punto de vista no es una opinión aislada, sino un parecer sustentado en razones muy respetables, un juicio de la comunidad jurídica, incluidas Facultades de Derecho y Colegios de Abogados, que se puede calificar de mayoritario. La escogencia de un camino equivocado para llevar a cabo y hacer aprobar el cambio constitucional propuesto lleva en sí mismo el germen de su ilegitimidad, alegada históricamente para justificar revoluciones y perturbaciones políticas que han afectado a la sociedad venezolana.
La situación se ha hecho aún más delicada con el intento de la Asamblea Nacional de modificar otras disposiciones de la Constitución sin seguir ninguno de los procedimientos de iniciativa previstos en el propio texto constitucional; así como con su pretensión de contrariar el carácter progresivo de los derechos constitucionales, eliminando la cualidad inamovible del derecho a la información y al debido proceso en los estados de excepción; despojando de algunos de sus privilegios a los derechos intelectuales; suprimiendo la representación de la sociedad civil en el Comité de Evaluaciones del Poder Ciudadano; y haciendo más difícil la solicitud de convocatoria de los referendos constitucionales; es decir, alterando negativamente el perfil participativo del texto fundamental; y contrariando su esencia irrevocablemente democrática, cosa que ni siquiera una asamblea nacional constituyente podría realizar.
Toda Constitución, como instrumento fundamental de organización de una comunidad política, ha de ser una manifestación del consenso de los miembros de la sociedad, porque es la base de la convivencia política organizada y de la paz, regula los equilibrios y las relaciones entre los poderes públicos, define los ámbitos de la libertad personal y garantiza la protección de los derechos individuales y sociales. Únicamente mediante el consenso y la exaltación de la convivencia civilizada se puede lograr un verdadero pacto social. Fuera del consenso no hay un auténtico pacto social sino decisión unilateral e imposición de un sector sobre quienes son vistos no como conciudadanos sino como enemigos. Ello resulta absolutamente contrario a la esencia de la verdadera deliberación que es necesaria para elaborar una Constitución, porque en ésta han de quedar salvaguardados los derechos de todos, con lo que triunfan así la convivencia, la justicia y la paz.
Característica esencial del constitucionalismo moderno es el reconocimiento del orden democrático. La democracia no se agota en elecciones y consultas plebiscitarias. Se caracteriza por varios atributos: la soberanía popular, ejercida a través de representantes y, complementariamente, en forma directa; el pluralismo político, representado en el derecho de asociación, el respeto de las minorías y la libre discusión; la división de los poderes, independientes los unos de los otros y con competencias específicas limitadas por la ley; el modelo de economía mixta, con intervención de los particulares en el ejercicio de las funciones de producción e intermediación; la justicia social; el pluralismo cultural, vertido especialmente hacia la educación, hacia los medios de comunicación y hacia cualquier otra forma de concretar la libertad de pensamiento; el reconocimiento de la propiedad privada, de la posesión de bienes, de la libertad de trabajo y de la igualdad de oportunidades; y la confirmación de la existencia de los derechos humanos, valor superior del ordenamiento jurídico. Estas características del ordenamiento democrático constituyen límites infranqueables, pues son inherentes a la persona humana, que ningún poder, ni siquiera constituyente originario, podría legítimamente traspasar. Por ello han sido incorporados como tales al Derecho Internacional Público que obliga a Venezuela.
La propuesta del Presidente de la República ha acentuado la división que sufre la sociedad venezolana. En este caso, sin embargo, no está en discusión el liderazgo del Presidente, como ha ocurrido en los procesos electorales recientes, sino el concepto mismo del país, en un debate cuyo desenlace puede destruir numerosas conquistas democráticas y comprometer gravemente hacia el porvenir la libertad y la seguridad de todos los venezolanos, incluidos, por supuesto, aquellos compatriotas que han ofrecido su respaldo y su voto al Presidente de la República. Todos los sectores, al margen de sus preferencias políticas circunstanciales, deben considerar la gran inquietud que hay en la sociedad por la orientación de los planes educativos, por los ataques a la propiedad privada y por el destino de ésta, por la inseguridad, por la intolerancia y por la consolidación de una insana concentración de todo el poder político y social en cabeza del Poder Ejecutivo.
Las Academias Nacionales estiman que una Constitución no se puede construir ni reformar en medio de una controversia radical; que no se puede obligar a los ciudadanos a someter a la discreción de una eventual mayoría su libertad, su pensamiento, su propiedad o el derecho de educar a sus hijos; que no se debe someter a votación algo que no ha sido suficientemente debatido. Contrariar estos postulados esenciales de la vida civilizada y democrática es crear las condiciones de un conflicto político y social cuyas dimensiones son imprevisibles.
Por las razones anteriores, las Academias Nacionales exhortan a los Poderes Públicos a suspender el curso de una propuesta de cambio constitucional que ha generado un clima de extremada crispación y a llamar a los partidos políticos, a las organizaciones sociales representativas de los empresarios y de los trabajadores, a las universidades, a las organizaciones no gubernamentales defensoras de los derechos humanos y a otros sectores sociales para proponerles un acuerdo mínimo sobre los temas en discusión.
Crear condiciones propicias para una discusión civilizada y democrática de los asuntos constitucionales es un presupuesto indispensable de cualquier proceso de aprobación parlamentaria y de decisión referendaria que sea su consecuencia. En cualquier evento electoral, es necesario que existan los requisitos mínimos para que se obtenga un resultado no sujeto a suspicacias y dignamente aceptable para las minorías disidentes. Cuando los ciudadanos son llamados a pronunciarse en torno al cambio del pacto social, el proceso de consulta ha de estar todavía más alejado de sospechas de manipulación, de ventaja, de abuso o de apresuramiento.

UN DESPOTA ANCLADO EN EL SIGLO PASADO.

La exhortación del episcopado venezolano sobre la propuesta de reforma constitucional presentada por Chávez, a la cual se le agrega ahora lo propuesto por la AN, es una denuncia viva que el pueblo venezolano debe asumir activamente, porque vulnera los derechos fundamentales del sistema democrático, poniendo -dice el documento- en peligro la libertad y la convivencia social. Más que una denuncia, considera al proyecto de reforma "moralmente inaceptable a la luz de la Doctrina Social de la Iglesia".
Para un déspota como Chávez este documento le rueda por el cuerpo. Él no tiene sentido histórico, simplemente es un déspota anclado en el primer tercio del siglo XX que no está apto para gobernar un país que quiere insertarse en la democracia moderna más que por su militarismo, el guerrerismo y retórica, por su lucha por la dignidad del ser humano, que pasa justamente por el respeto a la Libertad en todos los sentidos.
La iglesia Católica venezolana ha sido consecuente con su sentido histórico. No olvidemos que en 1964, el Papa Paulo VI y Rómulo Betancourt, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y sus delegados respectivos, firmaron el modus vivendi entre la Santa Sede y la República de Venezuela poniendo fin a unas relaciones tensas que siempre habían existido entre la Iglesia y la República de Venezuela por más de 140 años.
Chávez pretende eliminar la descentralización y la Iglesia Católica condena este hecho en consecuencia con su posición histórica de defensa de la dignidad y de la democracia, porque la descentralización es la concreción de la democracia, es su base objetiva, no es un aspecto del problema, no es un asunto de regulación administrativa, es simplemente la eliminación del Derecho a la participación, plural y democrática. El Poder Popular impuesto a dedo, las Comunas, los Consejos Comunales, las Ciudades, las provincias, los territorios Federales, los Distritos Funcionales, las regiones militares o especiales, son mecanismos para que en definitiva el pueblo no pueda expresarse libremente.
La historia de nuestro país está llena de sacrificio de todo tipo, y la Iglesia no ha estado exenta de esos sacrificios y posiciones determinantes, no olvidemos la pastoral de Arias Blanco, como tampoco y hago valedera aquí el recordatorio del documento de Alberto Carnevali, en 1952, "A la Rebelión Civil llama Acción Democrática". Alberto fue consecuente con su estrategia de la acción de las masas, la de luchar por la libertad, de combatir hasta triunfar por que "la vasta empresa de la recuperación de la soberanía no corresponde a un solo partido sino a todos... El pueblo tiene que defender ahora mismo su libertad a cualquier precio y con los medios que tenga en sus manos".
Chávez está derrotado en el espíritu nacional. Vamos a demostrarlo en la calle, en nuestros vecindarios, en nuestro sitio de trabajo, en la fabrica, en las aulas, en nuestro hogares, sin vacilaciones debemos combatir hasta triunfar. Somos la mayoría. Somos todo un pueblo.

(ARTICULO PUBLICADO EN LA COLUMNA AVANZADA. EL NUEVO PAIS.23 DE OCTUBRE 2007).

(LEAN, ANALIZEN Y REFLEXIONEN SOBRE LA PERTINENCIA HISTORICA DE ESTE DOCUMENTO).

ACCION DEMOCRATICA
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL


A La Rebelión Civil llama
Acción Democrática

Manifiesto suscrito por ALBERTO CARNEVALI,
Secretario General (en clandestinidad)
del Partido del Pueblo.

La amañada consulta electoral del 30 de noviembre se tradujo en una rotunda condenación plebiscitaria de la tiranía del Coronel Pérez Jiménez. No obstante que a nuestro Partido no se le permitió presentar candidatos, excluyéndose así arbitrariamente a la organización política que en tres ejemplares elecciones anteriores había demostrado que representaba legítimamente a la mayoría popular venezolana; no obstante la exclusión de algunas fuerzas minoritarias; a pesar de las dificultades interpuestas por la violencia policial contra los partidos legales de oposición que participaron en la batalla comicial; y pese a que el gobierno pensó utilizar la institución del voto obligatorio como un recurso general de coacción contra los electores, el pueblo resolvió el grave dilema en que se le colocó, votando contra la tiranía del Coronel Pérez Jiménez. Todos los partidos políticos, todos los sectores sociales, todos los hombres y mujeres sin partido, los miembros de la nación entera barrieron en esa contienda las inmorales insignias del FEI, el maltrecho aparato electoral que la dictadura había fabricado con los ilícitos recursos de la coacción vejatoria, el soborno y la corrupción política.
Esos votos consignados por el pueblo el 30 de noviembre no buscaron el triunfo exclusivista de ninguna organización política en particular sino el de todas las fuerzas políticas con raíces verdaderas en la entraña popular. Buscaron la recuperación de la soberanía nacional y la reconquista de la libertad para todos los venezolanos. Buscaron la paz y la armonía de la nación, criminalmente rotas por el absolutismo. Esos votos condenaron severamente el salvaje predominio despótico de la camarilla militar del Coronel Pérez Jiménez. Hablaron el justiciero lenguaje de la protesta contra el terror colectivo, en favor de los miles de víctimas impotentes del mortal campo de concentración de Guasina, de las torturas físicas y morales, de la prisión y del exilio, del desempleo, de la arbitraria cesantía impuesta en el trabajo por la discriminación política, y del ultraje soez de las bandas policiales que a diario atropellan los hogares y vejan a las familias en todos los rincones del país. En esas urnas electorales fue consignada la enardecida indignación general por el asesinato a sangre fría de nuestro inolvidable dirigente Dr. Leonardo Ruiz Pineda y de otros abnegados combatiente de la resistencia popular. A esas urnas fue, en resumen, la limpia voz condenatoria de toda la nación, que repudia en todos los tonos a la minúscula y engreída camarilla de jefes militares ambiciosos, empecinados en continuar escarneciendo a la soberanía popular y envileciendo a la República.
Pero la enfermiza obsesión de mando del Coronel Pérez Jiménez lo ha arrastrado a desoír jaquetonamente la admonitiva voz de la nación, en un temerario desafío que habrá de ser decisivo y mortal para la liquidación implacable del despotismo. Contra la opinión de cerca de dos millones de personas que representan la plenitud de la conciencia política del país; ignorando desvergonzadamente que la totalidad de los sectores sociales de la nación lo desprecian y lo detestan, el Coronel Pérez Jiménez infirió el dos de diciembre corriente un nuevo e insólito ultraje a la dignidad nacional, al pisotear ---con las típicas botas del bárbaro ignorante y vesánico--- la ingenua expresión de la soberanía de todo un pueblo. En un burdo y repulsivo sainete político que ha sido una vergüenza para todos los venezolanos, los representantes de las fuerzas armadas nacionales --- los personeros de los hombres encargados de custodiar las armas de la República para la defensa de la soberanía del pueblo--- se prestaron dócilmente para que se consumara un nuevo atentado nacional contra el propio pueblo. Contando única y exclusivamente con el pregonado respaldo de las fuerzas armadas, Pérez Jiménez se colocó con impúdico desenfado los arreos de dictador exclusivo, declarándose Presidente Provisional al mismo tiempo que ordenaba--- también con el alegado respaldo de las fuerzas armadas ---que se destruyeran las actas electorales de los Estados para borrar toda huella del resonante triunfo popular, y para designar con actas falsificadas, una asamblea constituyente ficticia, espúrea, integrada exclusivamente por sumisos pordioseros del servilismo nacional, reclutados por el FEI en las más bajas esferas de la corrupción política implantada por el propio régimen.
Y en represalia por haber obtenido los partidos de oposición la casi totalidad de las curules de la Asamblea Constituyente que fue anulada delictuosamente, la dictadura movilizó de inmediato su siniestra maquinaria policial contra los partidos URS y Copey, al mismo tiempo que pelotones de las fuerzas armadas eran preparados o movilizados para contener a las masas populares que en Caracas y otros lugares del país, especialmente en las zonas petroleras, demostraban su airada protesta por la brutal manera como se arrebataba una vez más al pueblo el limpio triunfo de su soberanía. Los locales de Unión Republicana Democrática--- partido que obtuvo la crecida proporción de 67 de los 103 representantes a la Constituyente---fueron saqueados y clausurados por las gangsterianas bandas de la Seguridad Nacional. Algunos dirigentes nacionales y decenas de líderes regionales de ambos partidos fueron detenidos junto con los nuevos centenares de militantes de Acción Democrática y de otras organizaciones populares. Y entre tanto, los equipos directivos nacionales de ambos partidos legales de oposición empezaron a ser sometidos a la grosera presión directa del Coronel Pérez Jiménez, quien, amenazándolos con represalias del ejercito, ha pretendido que ambas organizaciones claudiquen ignominiosamente concurriendo---con las míseras minorías que les asignaron caprichosamente en el fraude insólito---a la grotesca caricatura del parlamento constituyente que el gobierno pretende instalar el próximo enero con una indecente y falsa mayoría del FEI. Y para garantizarse la anulación práctica de Unión Republicana Democrática como partido de mayoría parlamentaria, le fué asignada en el fraude a esta organización solamente la ridícula minoría de 29 representantes, y casi todos sus dirigentes nacionales fueron expulsados violenta y aceleradamente del país, a las pocas horas de haber caído en una inicua celada policíaca, cuando el delincuente político, reo de la falsificación de las actas electorales, que ahora ejerce el Ministerio de Interior, los citó “bajo su palabra de honor” para que concurrieran a una nueva entrevista relacionada con la rechazada proposición de complicidad en la farsa parlamentaria que se proyecta.
Igualmente cínica ha sido la maniobra de Pérez Jiménez en los medios castrenses. Algunos de sus emisarios anunciaron en forma escueta y descarada a la oficialidad reunida expresamente en los cuarteles, que el gobierno había perdido las elecciones. Pero agregaron la mentirosa versión de que los partidos políticos planeaban disolver el ejército y asesinar a las familias de los oficiales, y que para evitarle este caos a la nación, el Coronel Pérez Jiménez “se sacrificaba” asumiendo el control absoluto del poder. Otros voceros del inescrupuloso Coronel, conocedores del franco ambiente de repudio existente en los cuarteles contra la ola de crímenes políticos del régimen, agregaron canallescamente una desfigurada explicación sobre el cobarde asesinato de nuestro inolvidable compañero Dr. Leonardo Ruiz Pineda. Pero no dijeron una palabra sobre el sadismo criminal con que---desde el día siguiente al del monstruoso crimen, cuando fuera a reclamar el cadáver de su marido---se ha mantenido sometida al vejamen de un cruel secuestro en una sórdida celda de la Cárcel Modelo de Caracas, a su abnegada y afligida esposa, la señora Aurelena de Ruiz Pineda, ni tampoco informaron por qué ha perseguido la Seguridad Nacional con vandálica saña a sus dos inocentes hijitas de cinco y tres años de edad. Y, no obstante que se habló mendazmente de amenazas contra oficiales y sus familias, tampoco se explicó por qué fue echado del país en estado pre-agónico el Teniente Coronel Mario R. Vargas para que en el extranjero muriera abandonado de todo auxilio del Ministerio de la Defensa, ni se dijo por qué se tiene condenada al exilio inclemente en España a su viuda y a sus pequeños hijos. Menos aún se dijo una sílaba sobre el repulsivo asesinato del Teniente Coronel Delgado Chalbaud, ni sobre los constantes vejámenes que los personeros del régimen han inferido a su viuda para obligarla a guardar silencio sobre la complicidad de Pérez Jiménez en el crimen o para forzarla a abandonar el país. Olvidaron asimismo los acuciosos heraldos del déspota explicar por que, si éste es el salvador de la integridad de las fuerzas armadas, han sido echados de sus filas decenas de oficiales y se ha privado a sus familias de los normales auxilios económicos establecidos en la carrera, y por qué un importante grupo de mayores, capitanes y tenientes están sometidos a infamante prisión desde hace más de un año en varias cárceles y penitenciarías del país, sin que hayan cometido delito alguno no como oficiales ni como simples ciudadanos.
En general, los oficiales no fueron consultados sino “notificados” de este segundo crimen nacional contra la soberanía popular, como si el ejército fuera un dócil rebaño de hombres armados, que no tuvieran ni criterio ni sentimientos que tomar en cuenta. Y en los pocos cuarteles donde se hizo un simulacro de consulta, los jefes se cuidaron bien de no trasmitir “a la superioridad” la verdadera respuesta de la mayoría de los oficiales, rotundamente contraria al desconocimiento de la voluntad electoral. Y como la institución armada está siendo convertida en un bando político personalista, nada se averiguó tampoco sobre lo que piensa el personal de tropa, que es la mayoría de ese cuerpo. Nada se indagó sobre lo que sienten esos miles de venezolanos---en su totalidad hombres del pueblo--- que ahora visten provisionalmente uniforme militar pero que regresarán mañana a sus hogares---a los hogares azotados crónicamente por el desempleo y el hambre y victimados con harta frecuencia por la Seguridad Nacional--- a reunirse con sus miles de hermanos y demás parientes que el 30 de noviembre votaron contra la tiranía del jefe del ejército.
Pero los militares venezolanos saben ya hasta la saciedad que su dignidad de hombres y su decoro de profesionales de las armas han sido vergonzosamente comprometidos ante la conciencia nacional y ante la opinión internacional por la desenfrenada y deshonesta ambición de mando y la insaciable sed de sangre de su jefe principal. Ya a ningún venezolano con uniforme militar puede quedarle duda alguna de que Pérez Jiménez no está usando el ejército para defender las instituciones de la República sino como un agresivo cuerpo de persecución política contra todos los demás venezolanos de las mas variadas condiciones sociales y de todas las convicciones políticas. Es difícil que no se puedan darse cabal cuenta de que---además de que debe dolerles el sufrimiento de su propio pueblo---están sufriendo grave mengua su valor, su honor y su caballerosidad, señalados como atributos indispensables de los hombres de armas. Porque escaso o ningún brillo peden tener tales atributos cuando la institución armada es arrastrada al deshonor y la desvergüenza, al obligársela ---sin protesta--- a proteger la impunidad de los crímenes políticos de Pérez Jiménez y al dejársela utilizar para atropellar a un pueblo desarmado, contando exclusivamente con la desigualdad de la fuerza material. También en los cuarteles está imponiéndose esta terrible verdad; con excepción de los espías de la Seguridad Nacional y de la Inteligencia Militar y descontando algunos jefes ambiciosos corrompidos, todos los sectores de la nación repudian con la mayor energía la aciaga gestión tiránica del Coronel Pérez Jiménez. No ha sido simple casualidad o mero accidente que han estallado violentos brotes insurreccionales en algunas guarniciones del país, como ocurrió hace algunos pocos meses en Boca del Río y en Maturín. Pérez Jiménez, no obstante que ha hecho hipócrita alarde de la tesis “institucionalista” y del “apoliticismo” de las fuerzas armadas, ha demostrado en la práctica que sólo lo mueve un insano exclusivismo personalista y arbitrario, y que sólo lo guían sus intereses políticos anti-populares para hacer discriminación ante los oficiales a la hora de designarlos en cargos y posiciones, prefiriendo con frecuencia a los de menores méritos e inadecuada jerarquía. Y el estado explosivo de los ánimos castrenses es tan evidente, que el intranquilo e inseguro Coronel se ha visto precisado a ordenar subrepticiamente la creación de unos cuerpos armados irregulares, bajo el comando de los espías de la Seguridad Nacional y de la Inteligencia Militar, para usarlos como tropa de choque contra el ejercito. Dos millones de hombres y mujeres han sido ofendidos groseramente por el obseso dictador al pretender silenciar de un sablazo el multitudinario grito de libertad de los comicios de noviembre. Y por vergüenza nacional, por la dignidad de hijos de una patria que se ha enorgullecido siempre de la gallarda valentía de sus hombres, no nos queda otro camino que declarar un estado de rebelión permanente contra la dictadura. Será “la rebelión legítima contra sus opresores”, de que nos hablan los más elevados principios políticos de todos los tiempos y, sobre todo, la que nos enseña el ejemplo glorioso de los más dignos pueblos del mundo. Y a los militares venezolanos se les presentará un dilema histórico y decisivo o ensangrentar las armas que la Republica les ha confiado para la defensa de la soberanía asesinando cobardemente a un pueblo inerme, para defender los crímenes de Pérez Jiménez o sacudirse en cambio la ignominiosa coyunda del déspota, colocándose valientemente al lado del pueblo, en la posición que les señalan el decoro y el patriotismo.
La vasta empresa de la recuperación de la soberanía no corresponde a un solo partido sino a todos. Y no es deber exclusivo de los partidos sino de todos los hombres y mujeres de la nación. Porque a todos está dirigido el reto del absolutismo al pretender consolidarse instalando una constituyente adulterada y servil, para que le apruebe el gigantesco despilfarro de los ocho mil (8.000) millones de bolívares malbaratados en cuatro años; para que le encubra la siniestra ola de crímenes políticos, y para que le legalice la proyectada entrega a precio vil de nuevas concesiones petroleras y del hierro a la insaciable voracidad del sojuzgador capitalismo extranjero. Contra todos se ensañará ahora el terror policiaco y de todos los partidos serán los nuevos y numerosos hogares a quienes afligirá en adelante esta intolerable desgracia nacional.
Todos los venezolanos, y especialmente los dos millones de personas a quienes se les ha atropellado miserablemente su voluntad comicial, estamos comprometidos por dignidad en una histórica cruzada nacional; la demolición del podrido andamiaje de la dictadura pérezjimenista y la formación de un gobierno provisional de equilibrio político. Un gobierno de armonía nacional con participación de diferentes partidos y de individualidades independientes, que representen la expresión mayoritaria de la nación del 30 de noviembre. Un gobierno que tenga objetivos bien definidos; que restablezca las libertades públicas, que retire al ejército de su actual plano de indebido predominio político y lo coloque en su función natural de cuerpo técnico profesional, y, por último, que encauce a la nación definitivamente hacia el sosegado ejercicio de su soberanía, de modo que el pueblo pueda elegir libremente a quienes deban dirigir en firme la transformación democrático-revolucionaria del país hasta lograr plenas y satisfactorias condiciones de bienestar social y una adecuada independencia económica en el campo internacional.
Al lado de los demás partidos, Acción Democrática tiene señalado---por su inflexible trayectoria revolucionaria y por su capacidad combativa--- un papel primordial en esta decisiva cruzada de la liberación nacional. Y para cumplirlo honrosamente, propiciamos de la manera más resuelta un permanente estado de rebelión civil, una indesmayable ofensiva de oposición popular, que mantenga agresivos y encrespados los ánimos de todos los venezolanos contra la humillación de que somos víctimas para impedir en todo momento que la dictadura de Pérez Jiménez se estabilice sin resistencia. Una rebelión de opinión que obligue a las fuerzas armadas ---mediante la poderosa presión de todos--- a libertarse también ellas del deshonroso dominio personalista y sanguinario de Pérez Jiménez, o que logre abrir ancho cauce para el estallido de una vasta e incontenible insurrección popular, a fin de que sean las honestas manos del pueblo las que despedacen implacablemente el ya desquiciado aparato inmortal del absolutismo.
Dentro de breves días, las masas populares recibirán indicaciones precisas sobre las formas contundente de iniciar esta nueva y mas activa y beligerante etapa de la resistencia civil. Y para garantizar que esta sea la acción permanente y coordinaría de todos los sectores populares, de todos los demócratas del país, estamos acelerando la ejecución de las siguientes medidas.
Estamos implantando con rígida severidad un reajuste organizativo de nuestro aparato partidista ---que tan victoriosamente ha resistido en estos cuatro años las tremendas y sanguinarias embestidas de la represión policial y la mas sañuda represalia moral y económica contra sus militantes--- a fin de que responda con mayor agilidad, mas firme resistencia en su contextura interna y mayor capacidad de movilización sincronizadas de las masas, en esta decisiva batalla contra la dictadura. Por los canales confidenciales del partido están siendo trasmitidas las instrucciones concretas sobre este plan reorganizativo. Debe responder a la consigna de que “ningún ciudadano podrá considerarse miembro de Acción Democrática si no milita activamente en su respectivo grupo político de base”.
Al mismo tiempo, estamos estableciendo un ágil mecanismo de organización para movilizar a todos los hombres y mujeres sin partido que se están acercando a nuestras filas para pedir activa participación en la lucha por la liquidación de esta humillante etapa de nuestra historia nacional. Ante ellos, nuestro partido deberá actuar con gran amplitud de criterio, respetándoles las propias convicciones ideológicas, pero unificándolos en la lucha común por la recuperación de la soberanía, con la consigna de que “ningún ciudadano demócrata, aunque no milite en partido alguno, debe permanecer inactivo en la presente ofensiva contra la tiranía”.
Luego, propiciaremos con todas las demás fuerzas políticas organizadas un plan de rebelión civil contra la dictadura. Buscaremos en esa coordinación “acción coincidente” de tipo práctico, conservando cada partido su independencia ideológica y su autonomía organizativa interna. Esta coordinación debe responder a la consigna de que “todas las fuerzas políticas están obligadas a hacer respetar la soberanía nacional con los medios de que dispongan”.
Finalmente, debemos iniciar con audacia una implacable ofensiva de rebelión civil en todos los campos de la vida nacional. Todos los partidos, todos los hombres y mujeres, todos los venezolanos dignos debemos desatar una coordinada y certera acción multitudinaria hasta lograr poner a la tiranía de Pérez Jiménez en la mortal disyuntiva de reconocer la soberanía nacional o aniquilar sangrientamente a todo el pueblo venezolano. Actuaremos realistamente. Con clara conciencia de que nuestro poder no es otro que el gran poder de un pueblo enardecido porque se le ha vejado y se le ha humillado brutalmente. Actuaremos sin la menos vacilación. Sabedores de que el pueblo no tiene armas de guerra porque siempre confió ingenuamente en que las armas de los cuarteles eran para defenderlo y ahora están siendo utilizadas en su contra. Pero convencidos de que la gran tragedia política que entristece a la nación no permite plantearse el dilema simplista de combatir con armas o no combatir. Porque el patriótico reclamo nacional está concebido en otra forma inexorable: si no combatimos ahora hasta triunfar, el pueblo será esclavizado ignominiosamente por tiempo indefinido. El pueblo tiene que defender ahora mismo su libertad a cualquier precio y con los medios que tenga en sus manos. El pueblo tiene que combatir con sus propios recursos, los interminables recursos de la acción de masas que en nuestro país existen en condiciones invalorables para la conquista del triunfo. Somos la mayoría de la nación. Somos todo un pueblo. La dictadura está desasistida de todo respaldo social y de todo apoyo moral. Una indoblegable decisión de lucha alienta prodigiosamente nuestros corazones. Una fe desbordante enciende nuestra sangre. Contamos, en resumen, con preciosos factores humanos y morales suficientes para dotar nuestra capacidad de combate de un poderío mil veces más fuerte que la más aceradas corazas del despotismo.

Caracas: 24 de diciembre de 1952.
Por el Comité Ejecutivo Nacional de ACCION DEMOCRÁTICA.

AlbertoCarnevali

Secretario General

VIERNES 19 de octubre de 2007
Tomado de El Nacional
Exhortación del episcopado venezolano sobre la propuesta de reforma constitucional
Información complementaria
Exhortación del episcopado venezolano sobre la propuesta de reforma constitucional. A todos los católicos y a todos los hombres y mujeres de buena voluntad.

I- INTRODUCCION1. Los Arzobispos y Obispos de Venezuela, como ciudadanos y como legítimos pastores de la Iglesia, compartiendo con el pueblo las angustias y esperanzas de cada momento histórico, hemos decidido dirigirnos a todos los venezolanos, a los residentes en nuestro país y, en particular, a los fieles católicos, ante la propuesta de Reforma Constitucional presentada a la nación el pasado 15 de Agosto por el ciudadano Presidente de la República, a la cual se agrega ahora lo propuesto por la Comisión Mixta de la Asamblea Nacional. 2. Nuestra contribución tiene el propósito de iluminar, desde una valoración ética, el juicio y la decisión que sobre el proyecto de Reforma corresponde asumir a los venezolanos en asunto de tanta importancia para el presente y el futuro del país. Fundamentamos esta iluminación en los principios y criterios del Evangelio, de la Doctrina Social de la Iglesia y de los numerosos documentos emanados de nuestra Conferencia Episcopal. Nos impulsan la convicción de que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela ha de seguir siendo patrimonio de todos los venezolanos, sin exclusión, y nuestro compromiso de fomentar la convivencia pacífica de todos los ciudadanos y la concordia entre los diversos sectores e instituciones para la construcción de un destino común como nación. 3. En nuestra fraterna y solidaria reflexión y discernimiento pastoral de la situación del país y, como portadores del clamor y preocupación de muchas comunidades y personas, hemos examinado la relación entre el contenido de la Reforma con las exigencias de la persona humana, su conciencia, su libertad, sus derechos, su dignidad, y con la concepción cristiana de la mayoría de la sociedad venezolana. Hemos considerado también los cambios más relevantes que plantea la propuesta, así como algunas de las consecuencias de índole ética y social que se seguirían de dicha Reforma. 4. En los países democráticos una Constitución es un pacto social, el resultado de las deliberaciones, discusiones y acuerdos de una Asamblea Constituyente, u otro cuerpo políticamente plural que represente al pueblo, y de una consulta electoral libre, confiable y pacífica; su finalidad es garantizar el Estado de Derecho para todas las personas, la estabilidad jurídica de las instituciones y el bienestar integral del conjunto de los ciudadanos. Su legitimidad radica en que acoja la pluralidad de posturas que tienen derecho a convivir en una sociedad democrática. En su articulado quedan claramente establecidos la definición del Estado y sus órganos, siempre al servicio del pueblo, el modelo de país y los principios y valores esenciales por los que el pueblo soberano quiere regir su vida y la de sus instituciones. En consecuencia, el verdadero sujeto de la Constitución es el pueblo, no el Estado y menos aún el gobierno; por eso ella debe expresar el acuerdo de todos los sectores, corrientes e ideologías. No puede ser la consagración de las ideas o propósitos políticos de un determinado grupo partidista. Consiguientemente, una modificación de la "Carta Magna" debe apoyarse en el mayor consenso posible.

II.- NUESTRAS PREOCUPACIONES ANTE LA PROPUESTA 5. La Reforma ha sido presentada como un instrumento para dar mayor poder al pueblo, especialmente a través del denominado "Poder Popular". En ella se ofrece la reducción de la jornada laboral, y a los trabajadores independientes la tan deseada seguridad social. Sin embargo, se acentúa la concentración de poder en manos del Presidente de la República y se favorece el autoritarismo. Punto central de esta Reforma es que Venezuela pase de "Estado democrático y social de derecho y de justicia" (Art. 2 de la actual Constitución) a ser un "Estado Socialista" (art. 16 de la propuesta). Algunos artículos condicionan la participación del pueblo y la actividad de los ciudadanos a la sola construcción del socialismo (Art. 70) y de la economía socialista (Art. 112). Esto limita la libertad de los venezolanos; se incrementa excesivamente el poder del Estado, se elimina la descentralización, y el gobierno controla muchísimos espacios de la vida ciudadana. En ese modelo socialista, el Estado y el gobierno estarían dirigidos por un Presidente que puede ser reelecto - sólo él - continuamente, con un poder amplísimo que le permitiría disponer constitucionalmente de las instituciones, propiedades y recursos. Esto es verdaderamente grave y modificaría la estructura fundamental del Estado democrático. 6. Un modelo de Estado socialista, marxista-leninista, estatista, es contrario al pensamiento del Libertador Simón Bolívar (Cf. Discurso ante el Congreso de Angostura), y también contrario a la naturaleza personal del ser humano y a la visión cristiana del hombre, porque establece el dominio absoluto del Estado sobre la persona. Experiencias de otros países demuestran que en tal sistema, el Estado y su gobierno se convierten en opresores de las personas y de la sociedad, coartan la libertad personal y la expresión religiosa, y causan un gravísimo deterioro en la economía, produciendo una pobreza generalizada. Ejemplo de ello han sido los países de Europa Oriental, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y, más cerca de nosotros, la República de Cuba. En ese escenario se establecería una discriminación con quienes no participen de la ideología socialista, se reducirían los derechos políticos de muchos venezolanos, y la noción de "pueblo" tendría un carácter restringido y excluyente identificado sólo con las personas y grupos que adhieren al socialismo. 7. El pluralismo político es uno de los valores fundamentales consagrados por la actual Constitución (Art. 2). La implantación de un Estado Socialista es excluyente, e implica el cese del pluralismo y de la libertad política y de conciencia de los ciudadanos. Es un hecho comprobado que dentro de un Estado democrático pueden existir partidos socialistas y gobiernos socialistas. Abundan ejemplos en el mundo actual como Chile y Brasil. En cambio, en un "Estado socialista", tal como se propone en Venezuela, toda la actividad política, social, económica y cultural se encuadra dentro de una única opción, un pensamiento único. 8. Con respecto al capitalismo y al socialismo, los Obispos nos hemos manifestado en diversas ocasiones. La solución al drama de la pobreza, de las injusticias sociales, de las hirientes desigualdades, no está en el capitalismo salvaje ni en el socialismo marxista, sino en la práctica de la justicia social y de una efectiva caridad (Cf. Juan Pablo II, Encíclica Centesimus Annus 33, 48 y 49). 9. Otros cambios propuestos restringen derechos ya consagrados en la actual Constitución, lo que atenta contra el principio de progresividad de los derechos humanos garantizado en el Art. 19 de la actual Constitución. En este campo de los derechos humanos y constitucionales, algunas disposiciones representan una patente involución, como los artículos 337, 338 y 339 de la Reforma sobre los estados de excepción, que suspenden el derecho al debido proceso (Art. 49) y a la información (Art. 57 y 58). El nuevo poder del Estado, el "Poder Popular", no nace del sufragio ni de elecciones (R. Art.136), y su promoción, organización y registro es competencia del Poder Nacional (R. Art. 156, 35). Se vulnera de este modo la libertad de asociación (Art. 52), poniéndola en manos del Estado, lo cual quebranta el carácter democrático y electivo de todos los niveles de gobierno, previsto en el artículo 6 de la Constitución, y le quita poder al pueblo. Además, ya el pueblo es sujeto del poder y lo que necesita es tener el pleno ejercicio de sus derechos y libertades y que le presten servicios eficientes quienes han sido elegidos libremente para esas funciones. La genuina democracia no consiste sólo en la elección de las autoridades; "no basta una democracia puramente formal, fundada en la limpieza de los procedimientos electorales, sino que es necesaria una democracia participativa y basada en la promoción y respeto de los derechos humanos. Una democracia sin valores (…), se vuelve fácilmente una dictadura y termina traicionando el pueblo" (Documento de la V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, Aparecida 74). 10. Esta propuesta de Reforma más que enfrentar y superar la problemática vivida en el país, profundizaría la polarización entre los venezolanos, dificultaría la convivencia social con el peligro de generar nuevos odios y conflictos, que queremos evitar. Los obispos renovamos el llamado, que repetidas veces hemos hecho, al diálogo y a la reconciliación y ratificamos nuestra disposición de seguir acompañando al pueblo venezolano con el anuncio valiente y decidido del Evangelio y el compromiso de compartir sus alegrías, temores y esperanzas.

III. PERSONA Y LIBERTAD11. Dios nos ha creado como personas libres con capacidad de organizar la vida personal y la vida social. Vida y libertad son inseparables. Dios libera, porque es el Dios de la vida; se revela en la historia liberando a su pueblo, no quiere que ninguna nación esté esclavizada o dominada por otra, ni por sus propias autoridades. La libertad no es una condición abstracta del ser humano y de la sociedad. La libertad es un derecho fundamental innato en cada ser humano, que no tiene otros límites que la libertad y los derechos de los demás. Todo lo que se opone a la libertad, se opone a la vida. La supresión de la libertad no corrige las injusticias sino que agrega otras, asfixiantes e insoportables. 12. Conforme a la enseñanza de la Iglesia, la persona humana, el pueblo, y no el Estado, son el centro de toda la vida social. El Estado existe para la persona y para el pueblo, y no al revés. En esta línea el Concilio Vaticano II declara: «El principio, el sujeto y el fin de todas las instituciones sociales es y debe ser la persona humana» (GS 25). El Catecismo de la Iglesia Católica expresa: «Cuando el Estado no pone su poder al servicio de los derechos de todo ciudadano, y particularmente de quien es más débil, se quebrantan los fundamentos mismos del Estado de derecho» (CEC 2273). Y Juan Pablo II en la Encíclica Centesimus Annus nos dice que el «Estado totalitario tiende, además, a absorber en sí mismo la nación, la sociedad, la familia, las comunidades religiosas y las mismas personas» ( C.A. 45 b).13. La doctrina de la Iglesia en este aspecto tiene una específica incidencia en el campo político. El principio de subsidiaridad debe aplicarse para construir una auténtica democracia. Esto es, que el Estado debe ayudar pero no absorber ni suplantar las iniciativas, la libertad y la responsabilidad de las personas y de los grupos sociales. En su Encíclica «Dios es amor» el Papa Benedicto XVI advierte: «Lo que hace falta no es un Estado que regule y domine todo, sino que generosamente reconozca y apoye, de acuerdo con el principio de subsidiaridad, las iniciativas que surgen de las diversas fuerzas sociales y que unen la espontaneidad con la cercanía a los hombres necesitados de auxilio» (28 b).

IV- DECISIÓN QUE MIRA AL FUTURO14. La Constitución y la Reforma planteada no son un asunto sólo de partidos o de un determinado sector de la población. Es algo de interés nacional que nos afecta a todos. Nadie debe desentenderse, ni dejar de participar en su discusión, ni negarse a asumir una posición ante la propuesta de Reforma. Eso sería un gravísimo error. 15. El debate sobre la Reforma, no puede considerarse como un simple conflicto entre "oficialismo y oposición", entre "ricos y pobres". Es algo que concierne al futuro de todo el pueblo venezolano. Y en este debate, nadie debe discriminar, ni excluir, ni ofender a quienes sustenten una opinión contraria a la suya. 16. En síntesis, nuestra posición en cuanto al proyecto de Reforma puede formularse así: - el proyecto presentado a la consideración del pueblo venezolano, debido a la radicalidad y profundidad de los cambios introducidos en la estructura del Estado, va más allá de una Reforma. - la proposición de un "Estado Socialista" es contraria a principios fundamentales de la actual Constitución, y a una recta concepción de la persona y del Estado. - la propuesta de Reforma excluye a sectores políticos y sociales del país, que no estén de acuerdo con el Estado Socialista, restringe las libertades y representa un retroceso en la progresividad de los derechos humanos. - por cuanto el proyecto de Reforma vulnera los derechos fundamentales del sistema democrático y de la persona, poniendo en peligro la libertad y la convivencia social, la consideramos moralmente inaceptable a la luz de la Doctrina Social de la Iglesia.

V -CONCLUSIÓN: ESTAMOS LLAMADOS A VIVIR EN LIBERTAD Y A SER CONSTRUCTORES DE PAZ17. Solamente quien es libre, construye la paz. "Felices los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios", nos dice Jesucristo (Mt. 5, 12). Cada uno de los cristianos está, pues, llamado a descubrir y promover caminos de justicia y reconciliación en la familia, en cada comunidad, en toda la nación: "Venezuela quiere y reclama a gritos (…), que se termine con los odios, los insultos y las descalificaciones y que sus hijos e hijas se reconcilien, se respeten y vivan en paz" (Exhortación de la CEV, Julio 2007) 18. Como pastores de la Iglesia invitamos a todos los fieles a orar intensamente por nuestra Patria e invocamos las luces del Espíritu Santo sobre todos los ciudadanos en esta difícil toma de decisión e imploramos el auxilio de Nuestra Señora de Coromoto, Patrona de Venezuela, a cuyos pies en su "Basílica Menor" de Guanare, título con que el Santo Padre Benedicto XVI ha honrado y enaltecido su templo, nos postraremos en confiada súplica por el bien de la República. Con nuestra afectuosa bendición episcopal,Firman, los Arzobispos y Obispos de VenezuelaCaracas, 19 de octubre de 2007

CHAVEZ HA EXACERBADO LA MITOLOGIA DEL CHE PARA CREARSE UNA AUREOLA.

Cualidades que decía el Che debía tener, cultivar y desarrollar el cuadro para dirigir la Revolución Cubana: A) El valor del ejemplo, B) El dirigente debe sentir el trabajo como una necesidad natural, C) Espíritu de sacrificio. D) Sensibilidades humanas, E) Estar en continuo y permanente contacto con las masas, F) Capacitarse constantemente, D) Discusión colectiva, H) El administrador como un cuadro político, necesidad permanente de superarse ideológica y políticamente.
Para el Che, el socialismo sin moral comunista no es tal. Carlos Marx se preocupaba tanto de los hechos económicos como de su traducción en el pensamiento humano. Si el comunismo descuida los hechos de conciencia puede ser un método de repartición quizá equitativa de la riqueza, pero deja de ser la construcción de una nueva sociedad. El comunismo es un fenómeno también de conciencia y no solamente un fenómeno de producción; no se puede llegar al comunismo por la simple acumulación mecánica de cantidades de productos puestos a disposición del pueblo, o por las cantidades de conciencias disfrazadas y bien pagadas para tal fin.
La mitología del Che es lo que quiere utilizar Chávez, la sola mitología. Ni si quiera los actos de conciencia y mucho menos la distribución de la riqueza, que es una de las esencias determinantes de una revolución socialista. Uno de los asuntos que más atendió el Che fue justamente la necesidad de desarrollar al máximo las fuerzas productivas (la Industria). Todo lo contrario existe en Venezuela.
Chávez ha exacerbado la mitología del Che a tal punto, que ya lo ha convertido en McGuevara, o ChéDonald, como señalara un cantautor argentino en alguna oportunidad. Lo utiliza para crearse una aureola y darle un contenido épico a su revolución personalísima.
La diferencia entre el Che y Chávez radica en una virtud inquebrantable, el Che murió por sus ideales, equivocados o no, pero murió sin lujos, sin Hummers, sin Rolex, sin cuentas bancarias en los Bancos Chinos, etc.
Chávez debe clarificar su ideología en contraste con la humildad que pregonó el Che. No para que le hable al pueblo como si fuera un enviado de Cristo y por otra parte se vaya a Cuba, a hacerle alabanzas a la supuesta revolución cubana. Chávez no es un demócrata y por eso le desconcierta que los jóvenes hablen de Rómulo Betancourt como sucedió con el programa Alo Presidente de la semana pasada, cuando iracundo y grosero, irrespetó la libertad de conciencia y de creencia, arremetió contra la memoria de Rómulo, Leoni, y se fue para Cuba para pasar su rabia ególatra en aras de un intercambio humanitario: petróleo por barniz revolucionario.
El pueblo venezolano tiene raíces democráticas. La democracia se recuerda. Ha habido un largo camino para lograr la democracia en Venezuela, incluyendo el obstáculos de este régimen autocrático y militarista de Chávez, que más temprano que tarde sucumbirá por la fuerza del pueblo y no valdrá Estado de Excepción que imponga nadie; el pueblo saldrá a protestar contra la ignominia.

(Articulo publicado en El Nuevo Pais. Columna Avanzada. 16 de octubre del 2007).

FORO: PERSPECTIVAS POLITICA Y ECONOMICAS DE VENEZUELA. PUBLICADO EN EL DIARIO EXPANSION EL 9 DE OCTUBRE 2007.

LA REVOLUCION HIPOCRITA.

'Llegó el Presidente y mandó a parar'
07:38 pm 10 Oct 2007 64 comentarios 17,417 views
Los nuevos ricos de la boliburguesía, sus Hummers, el whisky 18 años y sus mansiones son objeto hoy de un reportaje de Francisco Peregil en el diario español "El País". El reportaje recoge las últimas declaraciones de Hugo Chávez al respecto.
Foto: AP vía Yahoo
Este es el reportaje completo:
Cualquier noche, a las puertas de los locales más exclusivos de Caracas se puede apreciar la imponente figura de esos todoterrenos estadounidenses con forma de tanque, de los más caros y potentes del mercado.
Son los Hummer. En Venezuela la marca se pronuncia igual que en España el nombre de Homer, padre de los Simpson. Hasta tal punto ha llegado la fiebre de los Hummer a la República Bolivariana de Venezuela, que la General Motors ya ha anunciado la apertura de seis concesionarios en distintas ciudades del país. Su página de Internet ( http://www.hummervenezuela.com.ve/) en Venezuela anuncia: "Siempre has soñado con uno. Ahora puede ser tuyo. Reserva ya". Hay que ponerse en la cola para comprarlo. Pero ¿cómo se compagina el sueño de tanto Hummer con el sueño de la revolución?Según los partidarios de la oposición al presidente Hugo Chávez, la inmensa mayoría de quienes compran esos vehículos son los nuevos ricos chavistas, los llamados boliburgueses, un fenómeno social con el que se bautiza a los revolucionarios bolivarianos que se han enriquecido de una forma rápida y no siempre transparente, bien vinculados a la industria del petróleo, a la de la construcción o a las operaciones de cambio de divisas. " Uno reconoce al boliburgués porque, cuando llega un bar, pide whisky de 18 años, ni siquiera de 12 años. Siempre lo más caro", repite la oposición a Chávez.En esos locales nocturnos de Caracas, uno puede palpar la efervescencia que vive cierta parte de la sociedad y dejarse subyugar por la idea de que en cualquier momento se puede hacer un buen negocio. Y hacerlo ahí, en el país, sin emigrar. Uno de los chistes más extendidos es que la única manera de regresar de España (o Miami) con un millón de dólares es llevándote dos.En Venezuela lleva tres años y medio creciendo a un promedio del 9%, casi tres veces más que España y casi igual que China. Los venezolanos compran un móvil cada dos segundos, según cifras facilitadas esta semana por la Administración".

En las tiendas de telefonía siempre hay que hacer cola para que te atiendan. El ritmo de reemplazo oscila entre los 12 y los 18 meses. Los mejores restaurantes de Caracas están siempre llenos. Los centros comerciales, abarrotados. Las calles, en permanente atasco de tanto coche. Pero falta leche en los mercados. Y huevos. Hay que buscarlos entre los vendedores callejeros, que los venden casi al doble, para encontrar los productos lácteos. Así que llegó el presidente, el propio Hugo Chávez, y mandó parar. En su programa Aló, presidente de principios de mes advirtió que va a endurecer las medidas fiscales de importación de whisky y vehículos de lujo. http://www.noticias24.com/Ni un dólar para importar Hummer. ¿Qué es eso? No, señor. Somos uno de los países que consume más whisky per cápita en el mundo. Apretemos las tuercas porque hemos aflojado mucho el control de cambio. ¿Qué revolución es ésta? ¿La revolución del whisky? ¿La revolución de los Hummer?". Chávez atacó a "los corruptos de boina roja y de camisa roja", y criticó a los chavistas que siempre andan quejándose: "¡Este comunismo me tiene loco, este Hummer y este whisky me tienen loco!". Prometió que iba a emprender "la revolución dentro de la revolución". "Prepárense, porque este que está aquí va a apretar tuercas. Les estoy hablando a los que se dicen revolucionarios", añadió. Las críticas no tardaron en llegar desde la oposiciónhttp://www.noticias24.com/actualidadEl presidente en el Estado Táchira del partido Comité de Organización Política Electoral Independiente (COPEI), Johnson Delgado tachó de "cínicas y embusteras" sus declaraciones".

"Presidente, salga al patio del palacio de Miraflores [casa presidencial], en donde se hacen reuniones tipo sarao con dirigentes de todo el país, y se dará cuenta de que allí estacionan sus camionetas Hummer el gobernador de Carabobo, el presidente de Cadivi [Comisión de Administración de Divisas], el capitán retirado Hernández Beherenz, el superintendente del Seniat [José Gregorio Vielma Mora, quien ocupa un cargo semejante al de un ministro de Hacienda en España y rehusó hablar con este periódico] y pare usted de contar". Delgado indicó que el Gobierno no puede impedir que los venezolanos compren tales vehículos o tomen whisky si el propio mandatario nacional no da el ejemplo. "El presidente sí tiene derecho a usar trajes importados, a pagarle a uno de los sastres más caros del mundo como lo es el señor[GIOVANNI] Scutaro, a usar corbatas de seda italiana, a ponerse relojes Rolex y a darse lujos con el dinero del pueblo".Un profesor europeo de ciencias políticas que prefiere mantenerse en el anonimato sostiene que en Venezuela se está produciendo un fenómeno similar al que se produjo en algunos países de Europa en los ochenta con la llegada de los socialistas al poder. "La diferencia es que aquí los nuevos ricos, gracias al petróleo, son diez veces más ricos que los socialistas de entonces. Yo me considero chavista, pero cada día más ves que ellos compran Hummer y Rolls-Royce, sienten que son los reyes y no tienen problemas en invertir en un producto de lujo que, eso sí, se queda en el país. Los viejos burgueses han invertido de siempre en Estados Unidos. Se está dando la democratización de la corrupción. Pero esto no es sostenible. El nuevo hombre que vendría con la revolución no se ve. Y ya pasaron diez años, que no son pocos. En cuanto a\n lo de gravar la importación del whisky…, eso va a ser más complicado. El pueblo venezolano considera el whisky como la bebida nacional. Incluso en los barrios más pobres uno siempre encuentra esa bebida. Ciertamente, es una revolución extraña ésta donde se consigue whisky pero no leche".

Chávez aprovecha sus comparecencias en televisión para recordar que uno de los objetivos de la reforma constitucional que someterá a referéndum en los próximos meses es acabar con la corrupción dentro del proceso revolucionario . "Puede que sea la corrupción lo que salve la democracia en este país", comenta un diplomático.Sin embargo, apartados de ese ambiente de Hummer y negocios fáciles, hay gente como Haiman el Troudi que sigue trabajando de forma incansable en el fomento de nuevos valores. Cuando a Haiman el Troudi se le dice que no hay manera de conseguir hablar con él, que está siempre ocupado y de un lado para otro\n impartiendo conferencias, contesta sin reírse: "Es que estamos haciendo la revolución". Haiman el Troudi fue director del despacho de Chávez en 2005 y 2006, y ahora es responsable de las investigaciones que el Centro Internacional Miranda promueve sobre el socialismo del siglo XXI. En cuanto a la boliburguesía y sus corruptelas, El Troudi es claro: "Yo he sido uno de los primeros en denunciar en este país la existencia de ese sector. Son una mutación de los que en su día defendía el chavismo sin Chávez y ahora defienden el chavismo sin socialismo". El Troudi cree que esos chavistas están "amparados en un agenda de corrupción y acumulación de poder político, institucional y económico" y sólo defienden las políticas sociales justas que garanticen la paz social en el país y "el mantenimiento de sus privilegios". "Pero este fenómeno de la corrupción lo iremos desplazando poco a poco. Aparte de que no es exclusivo de Venezuela, hay que tener\n en cuenta que no nació con Chávez. El clientelismo que provoca la industria petrolífera, el paternalismo del Estado no nació con la revolución bolivariana. Venían de mucho antes. Y nosotros trascenderemos esos valores hacia la fraternidad y la solidaridad". Para el teórico del socialismo del siglo XXI, ", la lucha entre los viejos y los nuevos valores "es bien hermosa". Y no tiene duda de quién va a ganarla.

El barrio de los nuevos ricos.

William Dávila, miembro de la dirección del partido opositor Acción Democrática, asegura que la práctica entre los chavistas ahora es reformar casas en barrios céntricos. "Por dentro las dejan como verdaderos palacios y por fuera con un aspecto sencillo, humilde ". Ése no es el caso de la Lagunita. En Caracas hay una urbanización en lo alto de una colina que se llama Lagunita Country Club. Palmeras imperiales, piscina, campo de golf, gran centro comercial y un club para los vecinos con clases de flamenco, de hípica, salón de belleza, peluquería… Muchos opositores de Hugo Chávez aseguran que ése es el barrio adonde la boliburguesía se está instalando. "Sus casas se distinguen de lejos porque las ponen todas de mármol, con los materiales más caros", indica una vecina. "Yo vendí hace unos años la mía. Y me la compró un chavista que quiso construir un helipuerto al lado de la casa. Como no lo dejaron, construyó un club privado. Y ahí organizan sus fiestas". La vecina señaló la mansión, grande como un castillo, del testaferro de un ex ministro de Chávez. "Fíjese en las alambradas eléctricas de los muros. Aquí, como en el resto de la ciudad, hay problemas de seguridad. Por eso encima de los muros ponemos alambres con corriente eléctrica. Pero fíjese la diferencia entre las casas de siempre y la de este chavista". La del supuesto chavista, en efecto, contaba con una protección eléctrica empotrada en lo alto de un muro de más de cuatro metros como si fuera un adorno. Después de un largo paseo en coche por la Lagunita Country Club, la vecina, que prefiere mantenerse en el anonimato, apenas pudo mostrar tres o cuatro grandes mansiones de supuestos chavistas. Impresionantes, eso sí.
Pero apenas tres en una urbanización de 700 familias y en las que en ninguna elección ha ganado el partido de Chávez. "Entre las que conozco yo y las que conoce una amiga mía contamos el otro día unas 12 casas de chavistas. Seguramente hay más".
Francisco Peregil - El País, Madrid

EL PUEBLO DESLEGITIMARA EL FRAUDE CONSTITUCIONAL Y A QUIENES LO FACILITEN.

Estamos entrando en una etapa donde se descuida la tarea que es fundamental: la agitación y la denuncia política del fraude constitucional que quiere implantar Chávez. Un “llamamiento” electoralista a destiempo ha sustituido lo prioritario: la labor de pedagogía política de la que hablaba Rómulo Betancourt para que las masas actúen. La acción de las masas surgirá siempre que haya la conciencia democrática en el pueblo de que la propuesta de reforma de Chávez no busca otro objetivo que el propósito continuista para demoler la República.
Si hacemos una enérgica agitación política y denuncias vivas, resonantes, claras de los derechos que se están perdiendo con el fraude constitucional en ciernes, podremos echar las bases para la acción del pueblo en el momento oportuno, habida cuenta de la contingencia económica desastrosa que se avizora para los sectores populares.
La prioridad es desarrollar un Plan de acción para organizar las denuncias políticas sobre el fraude constitucional, la conciencia democrática del pueblo venezolano no se despierta sino a partir de hechos y acontecimientos políticos concretos y, además de actualidad, que mezclen la denuncia de la podredumbre de un régimen corrupto, sin ética ni moral, con el continuismo que encubre el manipular a las masas a través de ofertas engañosas que sólo buscan anclar con ellas la pretensión ulterior de Chávez: entronizarse en el poder en aras de una absolutamente falsa Revolución, en la que el “hombre nuevo” es el de la riqueza fácil, de los BMW, de los Cartier, Rolex, Rollsroys, Hummers, de las habitaciones de 3 mil euros la noche en Europa, del amiguismo y el compadrazgo, de la palanca familiar para convertirse en los nuevos latifundistas, justamente el del egoísmo e individualismo exacerbado por la petulancia chavista.
El planteamiento electoralista en un país que no cree en el sistema electoral es chocante porque lo prioritario es entrelazar el fraude constitucional con la fisonomía y naturaleza política de un mecanismo electoral perverso, hecho a la medida de las pretensiones hegemónicas y continuistas de Chávez, y sobre esto organizar denuncias múltiples y de actualidad. Un llamamiento electoral per se no garantiza la movilización del pueblo, porque en el fondo desconocen, quienes lo hace, la oposición inmanente, telúrica, que existe en Venezuela que en silencio está organizando sus sentimientos de rebeldía y de rechazo al engaño electoral, precisamente porque ven que la tramposería electoral está fuertemente vinculada al proceso del proyecto autoritario, militarista, socialista-chavista, proyecto sin viabilidad histórica , sin anclaje en el acervo jurídico-político e histórico de nuestra herencia republicana y democrática.
El pueblo silencioso derrotara a esa dirigencia que se arrastra tras “la lucha cotidiana y gris” y echara las bases para que se recupere la democracia ante la ilegitimidad de una nueva constitución impuesta sin respeto a la soberanía popular y sin el consenso del pueblo.

(Articulo publicado en la Columna Avanzada del Diario El Nuevo Pais el 9 de octubre del 2007).